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En 2 años, escándalos de corrupción cerraron temporalmente 10 alcaldíasPAGINA SIETE.- Desde  2015  al menos 10 alcaldías, ocho de ellas afines al partido de Gobierno, fueron cerradas temporalmente en medio de protestas de vecinos  por presuntos actos de corrupción. En los municipios de  Achacachi y San Buenaventura,  las autoridades municipales acusadas iniciaron procesos penales contra los denunciantes. Fruto de ello  hay seis detenidos. 
 
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia  no tiene  datos exactos de cuántas alcaldías presentan estos problemas. "Sabemos que varias alcaldías enfrentan conflictos con varios sectores y organizaciones sociales por diferentes temas, incluidos los casos de corrupción que deben ser atendidos por  las instancias correspondientes”, informa el presidente de la FAM y alcalde de Potosí, Williams Cervantes.
 
Los denunciantes  coinciden en que hay un intención de "encubrir la corrupción municipal” y que los casos que se destaparon son sólo una pequeña parte de un problema mucho mayor.  
 
"Pienso que lo que pasa en San Buenaventura y en Achacachi no son  problema aislados. Muchas de las alcaldías deben estar en la misma situación pero  por temor a  ser detenidos,  como a nosotros, los vecinos no denuncian”, dice Elena Tirina Cartagena -de la OTB Jardín Miraflores de San Buenaventura- desde su celda en el penal de Obrajes.  
 
Ella es una de los seis dirigentes que denunció la presunta corrupción en la Alcaldía de  San Buenaventura y participó en  las protestas que en  2016 llevaron a la "toma pacífica” de las oficinas ediles. Al igual que el resto de los detenidos de este municipio -y los de Achacachi- fue acusada por  los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de las funciones, atentado contra la libertad de trabajo y robo agravado.
 
Achacachi y San Buenaventura 
 
En febrero pasado, dirigentes vecinales de Achacachi exigieron una rendición de cuentas del alcalde Édgar Ramos (MAS), sobre quien -aseguran- existen al menos cuatro denuncias por corrupción y malversación de fondos por sobreprecios en diferentes obras.  Tras la negativa del burgomaestre,  pobladores y comunarios  pidieron su renuncia.
 
En junio  estallaron  conflictos locales, que fueron calificados por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, como "golpistas”. A raíz de las protestas, fueron detenidos el dirigente vecinal Esnor Condori y los profesores Gonzalo Layme y Pastor Salas. 
 
Hasta la fecha, frente a  juzgados los pobladores de Achacachi mantiene una vigilia pidiendo su liberación. Ayer, la Policía intervino el bloqueo que, por la misma causa, se instaló en la vía a Copacabana. 
 
"No hay avance  en la investigación de las denuncias contra el  alcalde Ramos y hay un manejo político de la justicia. No podemos permitir que le pase lo mismo a otros pueblos”, indica el presidente de los Residentes Achacacheños, Jaime Castaño. 
 
Uno de los municipios al que se refiere es el de San Buenaventura. Allí, en 2016 representantes de las OTB y miembros del  Concejo Municipal solicitaron al alcalde Javier Delgado (ASP y luego del MAS) una rendición de cuentas debido a diversas irregularidades detectadas en el manejo financiero de diferentes obras. Tras rehuir a las conminatorias del ente legislativo edil, en un cabildo abierto los pobladores decidieron el cierre y precintado de predios municipales, que fueron abiertos  meses después.
 
Sin responder a las acusaciones Delgado inició una demanda contra los dirigentes que lo denunciaron. "Ha sido una detención política. Estamos aquí por haber pedido una rendición sobre el dinero de San Buenaventura”, reclama la dirigente Tirina.
 
Ese municipio paceño ya vivió una situación similar. En 2012 el entonces alcalde Adalid Carvajal (MAS) fue acusado  por la malversación de 1.500 turriles de cemento asfáltico. En 2015 la justicia lo sentenció a cinco años de cárcel.
 
"Se supone que debería estar en la cárcel. El mismo Presidente en un acto dijo que debería cumplir su pena, pero él está libre en San Buenaventura. Es amigo del actual Alcalde e  incluso parece su asesor”, señala la  vicepresidenta del Concejo , Dalia Flower.    
 
Palca, Ayata, Cotagaita
 
El 2 de mayo, cuatro de los siete concejales del municipio de Palca se vieron obligados a sesionar en la calle debido a que la subalcaldía de Ovejuyo fue cerrada por instrucción del alcalde René Aruquipa (MAS). Los  legisladores municipales cumplieron sus funciones en medio de un grupo de comunarios   que, con papeles en mano, denunciaron  irregularidades en cuatro obras.
 
Sin obtener respuesta del burgomaestre cuestionado, dos meses después, los pobladores iniciaron un bloqueo de caminos que fue levantado con la llegada de cuatro policías que llevaban una notificación para los movilizados. El Alcalde los había denunciado por asociación delictuosa e incitación pública a delinquir.
 
El 18 de marzo, centenares de pobladores del municipio paceño  de Ayata llegaron  a la sede de Gobierno exigiendo la renuncia del alcalde Benancio Lipa (ASP) por presunto delito de corrupción. El responsable de control social, Santiago Mamani, señaló que por ese problema la Alcaldía está cerrada desde hace dos años, cuando Lipa trasladó sus oficinas y funcionarios municipales a la ciudad de La Paz.
 
En el municipio potosino de Cotagaita,  el alcalde  Gilberto Montero (MAS) fue acusado el año pasado de realizar pagos irregulares por obras no ejecutadas. Las oficinas ediles fueron cerradas en medio de enfrentamientos. La autoridad fue hallada culpable tras un juicio.
 
En febrero de este año se determinó la detención domiciliaria  del alcalde de Llica (Potosí) Édgar Apala (MAS) por pagar sobreprecio en  mochilas escolares de origen chino.
 
El 26 de julio, David Campero  (MAS), alcalde del municipio cochabambino de Independencia fue detenido en medio de una entrevista con la prensa. Pesa contra él la denuncia de la emisión de 12 cheques en blanco.
 
En julio pasado, pobladores del municipio cruceño de Puerto Suárez protagonizaron un bloqueo pidiendo la celeridad en la denuncia de corrupción en contra del alcalde Sebastián Hurtado (MNR). El edil fue aprehendido.
 
En febrero, a empujones, los pobladores de Quime (La Paz) desalojaron de los predios ediles a los concejales y al alcalde avier Flores (MAS). En marzo, concejales de San Julián (Santa Cruz) denunciaron que las investigaciones por  un desfalco de 300 mil bolivianos por parte del Alcalde no avanzaban.

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